Retos del Municipio Salcedo.-  (Primera Parte)

1 de 3._ Hemos mantenido un perfil bajo respecto del tema de la administración municipal y las expectativas del Municipio Salcedo, especialmente, porque fuimos actores de primera línea en el proceso electoral que "parió" a las nuevas autoridades municipales, pero aunque no hemos renunciado a los cuestionamientos, vicios e irrespeto a la voluntad popular de dicho proceso, no pretendemos centrarnos en este trabajo en el análisis de las imperfecciones del sistema democrático de la República Dominicana, sino en una evaluación general y en prospectiva del compromiso social de Salcedo tomando como referencia el desempeño de la administración municipal de cara al futuro, especialmente cuando se está consciente de que en el caso de Salcedo se experimentan aires de frustración por el ostensible retroceso que se expresa en el estilo, fondo y forma de la presente administración municipal que encabeza Juan Roque Jerez (Roquelin).

Hecha la anterior introducción es pertinente establecer, a manera de introducción, la relación que se da entre gobernantes y gobernados. En tal sentido se han pronunciado cientistas sociales y estudiosos de la conducta humana, León Duguit, Freund y autores alemanes del siglo XIX como   Bornhak, Max Seydel se han referido a esa relación esencial para el ejercicio, organización y objetivos del poder político.  Ahora bien hagamos algún ejercicio que nos aproxime a nuestra propia realidad, específicamente a esa relación Gobernantes (Ayuntamiento Municipal) Gobernados (Población salcedense), a partir de marco jurídico vigente y del nivel de entendimiento y de asimilación del mandato legal que, por lo demás, juran las autoridades a la hora de asumir sus responsabilidades públicas, a propósito de cumplir con las leyes y la constitución dominicana.

En primer lugar, el análisis debe ser hecho partiéndose de una realidad, los tiempos demandan de gobernantes en ejercicio político y público apegado a lo ético, por supuesto en el marco de un ejercicio democrático que hoy demanda de rendición de cuentas a los gobernados, entendiéndose siempre que de lo que se trata es de la administración de un patrimonio del pueblo y el Síndico es delegatario de ese pueblo amo y señor de los fondos administrados.

En segundo lugar,  ha de suponerse que la población, los gobernados, han de entrenarse  en la natural demanda del cumplimiento de sus derechos, a disponer de medios, como en efecto la ley 176-07 le confiere, mediante los cuales exprese la legítima defensa de sus intereses, de sus prerrogativas y, más aún, de las conquistas jurídicas que en términos económicos y sociales debe asegurarle el gobierno local, más aún, si se observa los magníficos espacios de participación popular que la población conquista con la nueva ley de organización municipal.

Resulta oportuno aclarar que con todas las imperfecciones y debilidades de la municipalidad dominicana, en los últimos tiempos se ha venido experimentando avances que en términos cualitativos son de profunda significación, especialmente en lo referente a los niveles de participación social, del marco jurídico para la transparencia,  en el ámbito de la financiación misma, sin dejar de destacar como un logro de un valor especial la legislación que norma, nada y obliga a los ayuntamientos a establecer el Presupuesto Municipal Participativo.

Es oportuno observar sin embargo, que en la dinámica social, los pobladores se nutren y benefician de la fortaleza de sus instituciones, a través de las cuales, promueven, demandan, canalizan sus inquietudes, insatisfacciones y anhelos mejoría en la calidad de vida y más, como es el caso del ayuntamiento, una institución prestadora de determinados servicios y gestora en el territorio municipal de competencias y atribuciones especialmente determinadas y deslindadas por la ley municipal. En el caso específico de Salcedo, se observa cierta petrificación de las instituciones civiles y democráticas, su silencio, apatía, distanciamiento y escasa beligerancia, les ha convertido en cómplices por omisión de los niveles de corrupción, del clientelismo y del pobre desempeño de las autoridades, a quienes  ni por asomo se le exige que rindan cuentas relacionadas con el rol público que desempeñan precisamente por mandato  del pueblo mismo.

Salcedo debe inspirarse en el urgente relanzamiento de sus propios valores, debe apoyarse en la justa valoración comparativa de las últimas gestiones municipales, la realidad social y económica del municipio, el angosto espacio de su juventud, la urgente necesidad de apoyar el desarrollo económico local, la necesaria convicción de que no se debe improvisar con el manejo de los dineros del pueblo y que, en definitiva, hay que generar acciones públicas distanciadas y divorciadas de la expresión del resentimiento, la retaliación y el odio ancestral que nos ha impedido avanzar en torno a metas que dignifiquen la calidad de vida de los y las salcedenses.

Por último, concluimos nuestra apreciación, estableciendo que la única salida que le queda al municipio descansa en dotarle de la garantía que otorga el hecho del  rescate de la credibilidad institucional del ayuntamiento,  que en torno a ello se pueda impulsar un proceso de fortalecimiento institucional (en nuestra opinión detenido a partir del 16 de agosto del 2006) lo cual solamente surtirá efecto si se construye sobre la base social diversa y plural que le asegure sostenibilidad y que se atreva y decida cumplir con la ley, en consecuencia, acatar el principio de la concertación que contempla le Ley 176-07. Para lograr esas aspiraciones sociales, se requiere de la propuesta para mayo del 2010 de los mejores hombres y mujeres de todos los partidos políticos que habrán de postularse para los cargos de regidores y regidoras, síndicos, síndicas, vice síndicos y vice síndicas que estén en capacidad de colocar los intereses de la comunidad por encima de sus intereses particulares. Esperemos.